18/04/2014 - Jesús
Iglesias (Pontevedra)
Aunque el servicio de
Intervención todavía no tiene cerrado de manera definitiva y oficial el
preceptivo informe, todo apunta a que la Deputación abonará el próximo mes a
sus alrededor de 700 funcionarios la extra de 2012. Tanto el comité de empresa
como el presidente de la institución provincial han coincidido desde el primer
momento en que la paga debe abonarse al conjunto de los trabajadores y no solo
al personal laboral, por lo que todos los empleados de la ‘casa’ percibirán
cantidades que oscilarán entre los 200 y los 400 euros.
El abono de la extra,
suprimida en su momento por el Gobierno central en aras de controlar el déficit
público, es el resultado de una sentencia judicial emitida a principios de año.
El fallo daba la razón a una reclamación conjunta presentada por los sindicatos
CSIF, CC OO, UGT y CIG y obligaba a la Administración que preside Rafael Louzán
a abonar la parte proporcional de la paga de diciembre de 2012 al personal
laboral.
En concreto, la
sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra impone devolver a los
137 trabajadores que ocupan este tipo de puesto parte de la retibución
percibida en el período comprendido entre el 1 de enero y el 14 de julio de
2012 (que asciende a unos 30.000 euros).
Mala decisión
Tras conocer el fallo
judicial, el propio Rafael Louzán aseguró que la decisión de suprimir esta
gratificación no estuvo bien adoptada. De hecho, tanto los técnicos como las
sentencias previas apuntaban desde un primer momento a que la medida de abonar
la extra de 2012 no dejaría fuera a ninguno de los 700 funcionarios adscritos a
la Deputación.
En cualquier caso, una
vez que el presidente provincial declinó recurrir la sentencia en el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), es el servicio de Intervención el que
debe dar el visto bueno al abono de esta paga a través de un informe (su
elaboración fue encargada por Louzán a principios de febrero). El beneplácito
de los técnicos es el único trámite burocrático que queda pendiente para
garantizar que, tal y como desean las partes, la Ley ampara la extensión de la
sentencia al conjunto de los funcionarios.
No obstante, a la
espera de que se conozca el contenido íntegro del informe y se ratifique la
buena noticia para los trabajadores de la institución provincial, el camino
parece estar despejado para que se produzca el abono de la extra de 2012. Según
explica el presidente del comité de empresa de la Deputación, José Ramón
Piñeiro, «a cuestión fundamental consistía en que o servizo de Intervención
contrastara a información das diferentes sentenzas», ya que el fallo que se
emitió «afecta a tódolos traballadores laborais» y no existe ninguno relativo
al personal funcionario. «Trátase pois -aclara el delegado sindical- dunha
decisión política».
Sentencias previas
Piñeiro asegura que
las organizaciones sindicales se encargaron de remitir a Intervención «toda
unha serie de sentenzas do Tribunal do Contencioso-administrativo que viñan
dicindo exactamente o mesmo que dicía a sentenza do Social que afecta aos
traballadores da Deputación». «Todas veñen na mesma liña e temos incluso o caso
da Deputación de Toledo, na que hai dúas sentenzas -subraya- que lle dan a
razón a unha funcionaria na súa demanda de pago da extra de 2012».
El delegado sindical
de CC OO constata que, una vez conocida esta información, «o que conclúe
Intervención é que os argumentos xurídicos son iguais tanto no fallo do Xulgado
do Social como nos emitidos polo Tribunal Contencioso-administrativo e que,
polo tanto, non existe ningún problema á hora de efectuar este tipo de
pagamento da extra».
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