Frente a políticos corruptos, funcionarios independientes
16.11.2014 | 02:36
Una descripción muy divulgativa de lo que ha pasado para llegar a este hedor insoportable la ofrece hoy en una entrevista a FARO José Manuel Otero Novas. Describe el jurista y pensador político vigués los cuatro estadios de la podredumbre: "Si un ministro puede dar un contrato a quien quiera, probablemente el primero lo otorgará a la persona mejor para el servicio; el segundo, a los suyos, porque considera que son quienes más lo merecen; el tercero, a los amigos; y el cuarto por dinero", para lucrarse. Ni más ni menos, así sucedieron las cosas.
Que un dirigente incline la balanza de una adjudicación es posible en buena medida porque quienes deben de vigilar por la legalidad, los funcionarios, han sido descapitalizados y avasallados por el clientelismo laboral, el servilismo y el partidismo. La condición de funcionario no garantiza ser incorruptible, claro está, y de hecho tenemos casos recientes y próximos de ello, pero, sin ser la existencia de funcionarios independientes una condición suficiente para evitar la corrupción en la administración, sí es una condición indispensable.
La imparcialidad de los funcionarios se la cargó el PSOE de Felipe González con la excusa de purgar unas cañerías burocráticas infiltradas de franquistas. El equipo de Aznar, Rato y Cascos, tras preparar estrategias para apostar por la profesionalidad y la independencia de la función pública, lo olvidó todo al tomar el mando. El trío aprovechó, igual que sus antecesores, la molicie de disponer de equipos sumisos para campar a sus anchas, con las consecuencias que hoy podemos ver paladinamente en los papeles de Bárcenas, en la red Gürtel y en tantos otros escándalos que no se han quedado pequeños al lado de los cometidos por los socialistas en cuanto a financiación ilegal de partidos y enriquecimiento de algunos de sus más destacados líderes.
Las leyes nacen con trampa por la aversión de los regidores a tolerar a los discrepantes y a rendir cuentas. Cualquier alcalde busca resquicios para apartar a quien en la casa consistorial le lleve la contraria, y lo consigue. En muchos casos basta con alegar pérdida de confianza. Entre los munícipes y quienes ejecutan sus pretensiones la sociedad necesita contrapesos antes que una relación de sintonía. De esos polvos vienen los lodos actuales.
En el mapa autonómico español hay sobrados casos de políticos que cambian las leyes de la función pública para designar a dedo a la totalidad de los cargos medios. Hablamos hasta de jefes de servicio, de letrados, de secretarias de despacho, de chóferes. Los de máximo nivel, por supuesto, ya tenían que pasar por el aro. Enarbolan de cara a la galería una limpieza que en la poltrona nunca practican. Mantienen los mismos vicios que prometen rectificar.
Encima se perpetran arbitrariedades dictatoriales amparadas en una atrocidad cometida a medias por el PP y el PSOE. Ambos partidos pactaron durante el aznarismo la Ley de Grandes Ciudades, que convierte al secretario general de los mayores municipios españoles en un cargo de confianza, y por tanto de libre elección y revocación en la práctica.
En Galicia, el "enchufismo" llegó a parecer que formaba parte del orden natural de las cosas. Ya no es lo que era, pero, lamentablemente, la colocación de puestos a dedo en las instituciones, chiringuitos y empresas públicas no acaba de erradicarse por completo. La Diputación de Ourense se llevó en su día la palma con cientos de enchufados entre familiares, gentes del partido y allegados. Pero no es ni mucho menos la única institución donde el político correspondiente colocó a su antojo para extender su dominio hasta el último rincón de la oficina. Por desgracia, ningún partido que haya tenido responsabilidades de gobierno se libra de tal práctica. Abochorna la avalancha de correos destapada por la "operación Pokemon", la mayor investigación por corrupción municipal en Galicia, con recomendaciones de políticos y funcionarios a concesionarias para colocar a los suyos.
La discrecionalidad deviene siempre en abuso. El método de selección del cortijo -premiar al dócil, arrinconar al capaz que no enmudece ante los desmanes- sólo necesita de un examen: el de mansedumbre. Hay que reforzar la inviolabilidad de los secretarios y los interventores, para que no sean cargos de confianza, o sea políticos al servicio de otros políticos. Hay que recuperar, el deber de "advertencia de ilegalidad". El objetivo tiene que ser una administración eficiente, imposible de manipular, competente y más barata.
Una verdadera y radical transformación en el funcionamiento y control de las instituciones es parte esencial del impulso ético que la situación requiere. De la "cura de caballo" imprescindible para la regeneración. Una cura que para ser total requiere un cambio de actitudes culturales muy arraigadas y muy dañinas, que empapan por igual casi todos los ámbitos de nuestra vida colectiva. En manos de los gobernantes está comenzar a afrontarla con la reforma de la Administración y la función pública. No hay arma más eficiente para cercar al político putrefacto que apuntalar la autonomía de los funcionarios.
