miércoles, 17 de diciembre de 2014

La consolidación de días adicionales de vacaciones y asuntos propios por razón de la antigüedad


La consolidación de días adicionales de vacaciones y asuntos propios por razón de la antigüedad
La reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de fecha 2 de octubre de 2014 (Sala de lo Social), se ha pronunciado sobre una reclamación que viene planteándose por empleados públicos de muchas Administraciones: el reconocimiento del derecho a consolidar los días adicionales por antigüedad o asuntos propios que venía recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP), con anterioridad a su modificación por el RDL 2/2012, de 13 de julio.
En efecto, el EBEP reconocía en sus artículos 48 y 50 una serie de días adicionales de vacaciones (artículo 50), sobre los 22 días hábiles comunes, a aquellos empleados públicos que tuvieran acreditada una determinada antigüedad: al cumplir los quince años de servicios, un día adicional de vacaciones y otros tanto a los veinte, a los veinticinco y a los treinta.
Y lo mismo sucedía en relación con el permiso por asuntos particulares (artículo 48): a partir de los seis “moscosos” generales reconocidos para todos los empleados públicos, se producía un incremento en estos días de permiso en función de la antigüedad: al cumplir el sexto trienio se reconocía a cada trabajador dos días adicionales de asuntos propios, y un día adicional por cada trienio a partir del octavo.
Sin embargo, el RDL 2/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, vino a modificar estas previsiones legales, en el sentido de suprimir cualquier diferencia por razón de la mayor antigüedad de unos u otros empleados públicos. De manera que, en virtud de esta norma, todos los empleados públicos pasaban a disponer de tres días de permiso por este motivo y de veintidós días hábiles de vacaciones; quedando suprimido así cualquier incremento derivado de la antigüedad del trabajador.
Pues bien, como decíamos, se han venido planteando, tanto en sede administrativa como judicial, diversas reclamaciones en las que se pretende, bien a título individual o colectivo, el reconocimiento, como derecho adquirido o consolidado de estos días adicionales suprimidos de vacaciones o asuntos propios, partiendo de la consideración de que  el RDL 2/2012, de 13 de julio no puede alterar situaciones individuales preexistentes; es decir, que la citada normativa estaría infringiendo la prohibición de retroactividad de las leyes que proclama el artículo 9.3 de nuestra Constitución.
Frente al anterior planteamiento la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de fecha 2 de octubre, ha resuelto desestimar la demanda formulada por la Federación de Servicios Públicos (UGT-PV) frente a la Generalitat Valenciana y otras entidades dependientes de la misma.La Sentencia fija claramente en su Fundamento de Derecho TERCERO las respectivas posiciones de las partes:
La parte actora postula el derecho de los trabajadores afectados a la consolidación de los días adicionales de vacaciones y de libre disposición devengados con anterioridad al cambio normativo introducido por el RDL 20/2012, de 13 de julio, alegando que la supresión de los mismos implica una aplicación retroactiva de la norma que infringe tanto la normativa constitucional como comunitaria, con cita en la STJUE de 21 de junio de 2012 (…)
La parte demandada se opone por considerar improcedente dicha pretensión invocando el contenido de la norma aplicada, anteriormente citada.
Y, seguidamente, resuelve el conflicto colectivo planteado por la organización sindical en el sentido de descartar la existencia de un derecho consolidado en este ámbito. Así, se declara lo siguiente:
“Ante el debate jurídico planteado, la primera cuestión que debemos matizar es que a diferencia de lo sostenido por la demandante, en el presente caso no nos encontramos ante una cuestión jurídica análoga o similar a la que se planteó en torno a la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, pues en aquel caso se trataba de cuantías devengadas con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 20/2012 y que entendimos incorporadas al patrimonio personal del afectado, sin que pueda verse afectado por la norma posterior. En materia de vacaciones y días de asuntos propios la entrada en vigor del RDL 20/2012 no afectó a los derechos adquiridos durante el año en curso tal y como se desprende de la Diposición Transitoria Primera, que determina que el nuevo régimen jurídico desplegará sus efectos a partir del año 2013 respetando el disfrute vacacional y la disposición de días de asuntos propios prevista para el año 2012″.
Y concluye la Sala su razonamiento descartando la concurrencia de vulneración de la prohibición de retroactividad de las normas del art. 9.3 CE, “sin que tal supresión suponga aplicar la norma con carácter retroactivo pues tanto las vacaciones como los días de asuntos propios se devengan en el año natural de acuerdo con la norma vigente y en este caso el derecho transitorio determina precisamente que el cambio normativo no afectará a los derechos adquiridos para el año en curso sino que se aplicará para el conjunto de las vacaciones y permisos del siguiente año“.  
La propia norma en su disposición transitoria primera disponía que determina que los efectos de la restricción no afecten al año en curso (2012), sino a periodos sucesivos.
Finalmente, debemos considerar que, en la medida en que el referido RDL 20/2012, de 13 de julio, determinaba en su artículo 8º la ineficacia de cualquier acuerdo, pacto o convenio para el personal funcionario o laboral que no se ajustara a la nueva normativa, no cabe a través de la negociación colectiva establecer una previsión –el reconocimiento de días adicionales por antigüedad- que resulta, en definitiva, contraria a un disposición de rango superior.

miércoles, 3 de diciembre de 2014




Siete claves para obtener la mejor jubilación
  • Realizar ingresos una vez al mes en lugar de cada tres ayuda a que el dinero aportado esté menos sujeto a la volatilidad del mercado
  • Las comisiones en los planes de renta fija deben ser inferiores a los de Bolsa
Siete claves para obtener la mejor jubilación
(Thinkstock)
Los vehículos de ahorro privados para completar la pensión pública se han convertido en un instrumento fundamental si se quiere preservar el nivel de vida después del cese de la vida laboral. EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) ha elaborado recomendaciones en las que repasa las principales claves a la hora de asegurar una jubilación sin sobresaltos.
Contratar un plan desde la primera nómina. Cuanto antes se comience a ahorrar para la jubilación mejor, ya que el ahorro sistemático en un plan hormiguita nos permitirá acumular un capital final suficiente para constituir una renta.
Un plan para cada uno. La edad y el perfil de riesgo deben marcar el producto a elegir. Así, una persona joven podrá adoptar mucho más riesgo en planes de renta variable para obtener una mejor rentabilidad a largo plazo e ir trasladando, con el paso del tiempo, su cartera a posiciones más conservadoras. Aunque no se debe olvidar la aversión al riesgo del ahorrador.
En los últimos años de la vida laboral, los expertos de EFPA recomiendan planes de pensiones de renta fija a corto plazo (24 meses) y los planes de previsión asegurados (más conocidos como PPA).

Fíjese si los planes de la gestora ocupan buenas posiciones en el ranking de rentabilidad a largo plazo
Elegir una buena casa. La entidad gestora con la que contratamos nuestro plan es fundamental. Es importante analizar la calidad de la enseña, solvencia, reputación y si sus planes ocupan buenas posiciones en el ranking de rentabilidad a largo plazo. La información clara, puntual y de calidad de la entidad también debe ser un factor importante para evitar cualquier susto.
Hay vida más allá del plan de pensiones. Existen otros vehículos de ahorro para completar la pensión pública como los planes de previsión asegurados (PPA), los planes de ahorro sistemáticos (PIAS) y los seguros de vida.
Los PPA tienen la ventaja de que aseguran un tipo de interés para toda la duración del contrato y año a año. Remuneran a un tipo asegurado más alto que comunican al ahorrador antes de cada vencimiento anual y tienen las mismas ventajas fiscales que los planes de pensiones.
Los PIASson contratos con entidades aseguradoras con el objetivo de constituir una renta vitalicia al término del contrato con las aportaciones realizadas y la rentabilidad obtenida. La duración mínima de diez años será de 5 años con la nueva reforma fiscal. Tiene la ventaja de que los rendimientos obtenidos durante el periodo de ahorro no tributarán.
Los seguros de vida de ahorro no gozan de ventajas fiscales, pero permiten el rescate en cualquier momento.
Mejor aportar mes a mes que trimestralmente. Es conveniente realizar ingresos una vez al mes, más que al trimestre o solo una aportación periódica. Así se logra diversificar el riesgo y el dinero aportado está menos sujeto a la volatilidad del mercado.
Cuidado con las comisiones. Cuando contrate un plan de pensiones, debe estar muy atento a los gastos de gestión y depósito. No siempre un plan con una comisión más baja es el más adecuado. Las comisiones en planes de renta fija deben ser inferiores a los planes de Bolsa, ya que estos últimos deben tener, sobre todo, una gestión dinámica y activa para obtener buenas rentabilidades que mitiguen el efecto de las comisiones.
Inflación y fiscalidad también influyen. A la hora de elegir el plan para la jubilación, es fundamental analizar variables como la inflación, la fiscalidad, los tipos de interés, la evolución de los mercados. La rentabilidad del plan debe superar la inflación del momento para evitar la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Las aportaciones al plan de pensiones rebajan la factura fiscal.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

EDITORIAL

Frente a políticos corruptos, funcionarios independientes

16.11.2014 | 02:36
Una descripción muy divulgativa de lo que ha pasado para llegar a este hedor insoportable la ofrece hoy en una entrevista a FARO José Manuel Otero Novas. Describe el jurista y pensador político vigués los cuatro estadios de la podredumbre: "Si un ministro puede dar un contrato a quien quiera, probablemente el primero lo otorgará a la persona mejor para el servicio; el segundo, a los suyos, porque considera que son quienes más lo merecen; el tercero, a los amigos; y el cuarto por dinero", para lucrarse. Ni más ni menos, así sucedieron las cosas.
Que un dirigente incline la balanza de una adjudicación es posible en buena medida porque quienes deben de vigilar por la legalidad, los funcionarios, han sido descapitalizados y avasallados por el clientelismo laboral, el servilismo y el partidismo. La condición de funcionario no garantiza ser incorruptible, claro está, y de hecho tenemos casos recientes y próximos de ello, pero, sin ser la existencia de funcionarios independientes una condición suficiente para evitar la corrupción en la administración, sí es una condición indispensable.
La imparcialidad de los funcionarios se la cargó el PSOE de Felipe González con la excusa de purgar unas cañerías burocráticas infiltradas de franquistas. El equipo de Aznar, Rato y Cascos, tras preparar estrategias para apostar por la profesionalidad y la independencia de la función pública, lo olvidó todo al tomar el mando. El trío aprovechó, igual que sus antecesores, la molicie de disponer de equipos sumisos para campar a sus anchas, con las consecuencias que hoy podemos ver paladinamente en los papeles de Bárcenas, en la red Gürtel y en tantos otros escándalos que no se han quedado pequeños al lado de los cometidos por los socialistas en cuanto a financiación ilegal de partidos y enriquecimiento de algunos de sus más destacados líderes.
Las leyes nacen con trampa por la aversión de los regidores a tolerar a los discrepantes y a rendir cuentas. Cualquier alcalde busca resquicios para apartar a quien en la casa consistorial le lleve la contraria, y lo consigue. En muchos casos basta con alegar pérdida de confianza. Entre los munícipes y quienes ejecutan sus pretensiones la sociedad necesita contrapesos antes que una relación de sintonía. De esos polvos vienen los lodos actuales.
En el mapa autonómico español hay sobrados casos de políticos que cambian las leyes de la función pública para designar a dedo a la totalidad de los cargos medios. Hablamos hasta de jefes de servicio, de letrados, de secretarias de despacho, de chóferes. Los de máximo nivel, por supuesto, ya tenían que pasar por el aro. Enarbolan de cara a la galería una limpieza que en la poltrona nunca practican. Mantienen los mismos vicios que prometen rectificar.
Encima se perpetran arbitrariedades dictatoriales amparadas en una atrocidad cometida a medias por el PP y el PSOE. Ambos partidos pactaron durante el aznarismo la Ley de Grandes Ciudades, que convierte al secretario general de los mayores municipios españoles en un cargo de confianza, y por tanto de libre elección y revocación en la práctica.
En Galicia, el "enchufismo" llegó a parecer que formaba parte del orden natural de las cosas. Ya no es lo que era, pero, lamentablemente, la colocación de puestos a dedo en las instituciones, chiringuitos y empresas públicas no acaba de erradicarse por completo. La Diputación de Ourense se llevó en su día la palma con cientos de enchufados entre familiares, gentes del partido y allegados. Pero no es ni mucho menos la única institución donde el político correspondiente colocó a su antojo para extender su dominio hasta el último rincón de la oficina. Por desgracia, ningún partido que haya tenido responsabilidades de gobierno se libra de tal práctica. Abochorna la avalancha de correos destapada por la "operación Pokemon", la mayor investigación por corrupción municipal en Galicia, con recomendaciones de políticos y funcionarios a concesionarias para colocar a los suyos.
La discrecionalidad deviene siempre en abuso. El método de selección del cortijo -premiar al dócil, arrinconar al capaz que no enmudece ante los desmanes- sólo necesita de un examen: el de mansedumbre. Hay que reforzar la inviolabilidad de los secretarios y los interventores, para que no sean cargos de confianza, o sea políticos al servicio de otros políticos. Hay que recuperar, el deber de "advertencia de ilegalidad". El objetivo tiene que ser una administración eficiente, imposible de manipular, competente y más barata.
Una verdadera y radical transformación en el funcionamiento y control de las instituciones es parte esencial del impulso ético que la situación requiere. De la "cura de caballo" imprescindible para la regeneración. Una cura que para ser total requiere un cambio de actitudes culturales muy arraigadas y muy dañinas, que empapan por igual casi todos los ámbitos de nuestra vida colectiva. En manos de los gobernantes está comenzar a afrontarla con la reforma de la Administración y la función pública. No hay arma más eficiente para cercar al político putrefacto que apuntalar la autonomía de los funcionarios.

lunes, 17 de noviembre de 2014

PSICOLOGÍA Relaciones sociales
Compañeros tóxicos para la salud
·         Muchas bajas laborales están inducidas por malas relaciones con compañeros o jefes que contagian negatividad, estrés y agresividad
BEATRIZ G. PORTALATÍNMadrid

En algún momento de nuestra vida nos hemos cruzado, o si no seguramente lo hagamos, con gente tóxica por el camino. Personas que de algún modo ponen nuestro mundo patas arriba y provocan desajustes en nuestra salud física y mental. Pueden poner de los nervios, inducir ansiedad, irritabilidad, amainar incluso nuestra autoestima y, en el peor de los casos, contribuir o generar depresiones importantes. Estas relaciones tóxicas se dan no sólo en parejas sino también con amigos, compañeros de trabajo, o incluso con familiares. ¿Cómo debemos actuar con ellos?
«Una persona envidiosa es capaz de utilizar la insidia y la mentira en sus actuaciones. Nuestra respuesta y actitud debe ir encaminada a debilitar sus estrategias. El envidioso sólo se frena ante nuestra seguridad», admite Mª Jesús Álava Reyes, directora del centro de psicología Álava Reyes de Madrid y autora del libro Trabajar sin sufrir.
Aprender a manejar determinadas situaciones y adoptar herramientas para poder enfrentarse cara a cara con algunas personas es crucial para salir ileso ante ciertos comportamientos. «Hay muchas bajas laborales inducidas por malas relaciones con los compañeros o incluso con el propio jefe», mantiene Mila Cahue, psicóloga del mismo centro.
Estas situaciones suelen llevar a estados de estrés o ansiedad que incapacitan el rendimiento de estas personas, llevándolas a tener que dejar su trabajo en muchos casos. «Del 50% al 60% de las ausencias al trabajo que se producen al año están ocasionadas por situaciones de estrés», según un informe elaborado en 2009 por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA). Es más, estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud señalan que «la ansiedad y la depresión serán la principal causa de baja laboral en las naciones desarrolladas en el año 2020». 
Pero no sólo en el terreno laboral pueden aparecer relaciones tóxicas, sino también en el entorno social. Todos en algún momento de nuestras vidas podemos toparnos con alguna persona que para nosotros resulte tóxica. «Cualquier cosa que implique una relación (del tipo que sea) puede producir toxicidad, y hay que mirar en qué grado. No se trata de personas ni de perfiles concretos sino de un patrón de conducta», afirma Cahue.

Rasgos característicos
Algunos de los rasgos característicos que configuran este patrón son la manipulación, el pasar de un extremo a otro (un día soy muy simpático contigo y otro día soy todo lo contrario), o el mentir de forma constante y justificar esa mentira siempre culpando a los demás. Un rasgo muy característico es que en las discusiones suelen llevarlas siempre al terreno de lo personal en vez de centrarse en el foco de la discusión en sí. Para el psicólogo y escritor José Enrique Vázquez, una persona tóxica es aquella que en las relaciones interpersonales desgasta, culpabiliza, intimida y le roba la energía y esperanza al otro:«No aportan nada positivo, no ayudan, no son empáticos ni asertivos y, sobre todo, suelen ser tremendamente egoístas, egocéntricos y no quieren saber de respeto y tolerancia con los demás». 
En la bibliografía científica no existe un término concreto para definir este tipo de interacciones. Cuando hablamos de personas tóxicas, «influyen muchas variables, rasgos y características de personalidad», expone por su parte Marta de la Fuente Lago, especialista en Ansiedad y Estrés y Psicooncóloga en el Centro de Psicología Área Humana. Todos, añade, nos podemos encontrar personas que están centradas en la queja, que pueden llegar a molestar y estresar, o quizás personas que están pasando por un mal momento y su irritabilidad afecta a otros. Pueden ser agresivas y con falta de empatía o tener un comportamiento claramente agresivo, abusador y destructivo. A éstas se las podría catalogar como personas con un trastorno de personalidad. 
No siempre es fácil detectar a las personas tóxicas, pero el cerebro suele avisar: «Lo hace en forma de tensión», informa Cahue. La relación con esa persona nos produce una determinada tensión que, dependiendo del caso y de la persona, se puede traducir en migrañas, úlceras de estómago, dermatitis, ataques de pánico, ansiedad e incluso, en situaciones más graves y complicadas, puede producir ciertos tics. Esa tensión es la que nos avisa de que estamos ante una relación que no nos conviene o que debemos cambiar nuestra forma de actuar ante ella para que no tenga consecuencias negativas.
El problema no es que existan estas personas sino cómo nosotros las interpretamos. «Es importante no valorarlas como una amenaza(aunque en muchas ocasiones puedan serlo), y tomar una actitud activa, centrada en la búsqueda de soluciones, marcando límites para defender nuestros derechos. Resulta muy positivo identificar y conocer nuestras limitaciones», explica de la Fuente. 
Aunque en muchos casos se intenta escapar de estas personas, en ocasiones esa huida es imposible. Por ejemplo, cuando el jefe es la persona tóxica. En una situación así hay que actuar teniendo en cuenta ciertas indicaciones. Por ejemplo, si vamos a tener una reunión en su despacho, Vázquez aconseja realizar un ejercicio de relajación: «Relajarnos para darnos una ducha interior rápida que limpie nuestro propio veneno en forma de tópicos, expectativas, o falsas creencias que pueden dar un tinte más dramático a la situación». Y después de centrarnos en la respiración, tomar lentamente unos sorbitos de agua que nos darán ese punto de tranquilidad y paz que necesitamos. Además, «tenemos que confiar en nuestros valores», indica el experto. 
Por su parte, de la Fuente expone tres pasos imprescindibles para ese cara a cara. Primero, observar cómo estamos a nivel físico. Segundo, prestar atención a nuestras neuronas espejo, es decir, no contagiarnos por la agresividad e incomprensión del otro. Y pensar antes de actuar.

Por otro lado, es muy importante durante la conversación, no entrar en descalificativos personales y centrarnos sólo en la parte técnica del problema en sí. No podemos olvidar, recuerda Cahue, que estas personas suelen llevarlo todo al terreno personal.

lunes, 10 de noviembre de 2014

LA CUARTA PÁGINA

La corrupción y el mérito

El descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas. Construir una administración profesional, austera y eficiente es difícil, pero no imposible

El espectáculo ahora por fin visible de la corrupción no habría llegado tan lejos si no se correspondiera con otro proceso que ha permanecido y permanece invisible, del que casi nadie se queja y al que nadie parece interesado en poner remedio: el descrédito y el deterioro de la función pública; el desguace de una administración colonizada por los partidos políticos y privada de una de sus facultades fundamentales, que es el control de oficio de la solvencia técnica y la legalidad de las actuaciones. Cuando se habla de función pública se piensa de inmediato en la figura de un funcionario anticuado y ocioso, sentado detrás de una mesa, dedicado sobre todo a urdir lo que se llama, reveladoramente, “trabas burocráticas”. Esa caricatura la ha fomentado la clase política porque servía muy bien a sus intereses: frente al funcionario de carrera, atornillado en su plaza vitalicia, estaría el gestor dinámico, el político emprendedor e idealista, la pura y sagrada voluntad popular. Si se producen abusos los tribunales actuarán para corregirlos.
Está bien que por fin los jueces cumplan con su tarea, y que los culpables reciban el castigo previsto por la ley. Pero un juez es como un cirujano, que intenta remediar algo del daño ya hecho: la decencia pública no pueden garantizarla los jueces, en la misma medida en que la salud pública no depende de los cirujanos. Los ánimos están muy cargados, y la gente exige, con razón, una justicia rápida y visible, pero no se puede confundir el castigo del delito con la solución, aunque forme parte de ella. El puesto de un corrupto encarcelado lo puede ocupar otro. El daño que causa la corrupción puede no ser más grave que el desatado por la masiva incompetencia, por el capricho de los iluminados o los trastornados por el vértigo de mandar. Lo que nos hace falta es un vuelco al mismo tiempo administrativo y moral, un fortalecimiento de la función pública y un cambio de actitudes culturales muy arraigadas y muy dañinas, que empapan por igual casi todos los ámbitos de nuestra vida colectiva.
El vuelco administrativo implica poner fin al progresivo deterioro en la calidad de los servicios públicos, en los procesos de selección y en las condiciones del trabajo y en las garantías de integridad profesional de quienes los ejercen. Contra los manejos de un político corrupto o los desastres de uno incompetente la mejor defensa no son los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su trabajo y disponen de los medios para llevarlo a cabo, que tienen garantizada su independencia y por lo tanto no han de someterse por conveniencia o por obligación a los designios del que manda. Desde el principio mismo de la democracia, los partidos políticos hicieron todo lo posible por eliminar los controles administrativos que ya existían y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Ni siquiera hace falta el robo para que suceda el desastre. Que se construya un teatro de ópera para tres mil personas en una pequeña capital o un aeropuerto sin viajeros en mitad de un desierto no implica solo la tontería o la vanidad de un gobernante alucinado: requiere también que no hayan funcionado los controles técnicos que aseguran la solvencia y la racionalidad de cualquier proyecto público, y que sobre los criterios profesionales hayan prevalecido las consignas políticas.
El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento de la capacidad personal
En cada ámbito de la administración se han instalado vagos gestores mucho mejor pagados siempre que los funcionarios de carrera. Obtienen sus puestos gracias al favor clientelar y ejercen, labores más o menos explícitas de comisariado político. Pedagogos con mucha más autoridad que los profesores; gerentes que no saben nada de música o de medicina pero que dirigen lo mismo una sala de conciertos que un gran hospital; directivos de confusas agencias o empresas de titularidad públicas, a veces con nombres fantasiosos, que usurpan y privatizan sin garantías legales las funciones propias de la administración. En un sistema así la corrupción y la incompetencia, casi siempre aliadas, no son excepciones: forman parte del orden natural de las cosas. Lo asombroso es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos.
Que toda esa gente, contra viento y marea, haga bien su trabajo, es una prueba de que las cosas pueden ir a mejor. Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no imposible. Requiere cambios en las leyes y en los hábitos de la política y también otros más sutiles, que tienen que ver con profundas inercias de nuestra vida pública, con esas corruptelas o corrupciones veniales que casi todos, en grado variable, hemos aceptado o tolerado.
El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento del mérito. Una función pública de calidad es la que atrae a las personas más capacitadas con incentivos que nunca van a ser sobre todo económicos, pero que incluyen la certeza de una remuneración digna y de un espacio profesional favorable al desarrollo de las capacidades individuales y a su rendimiento social. En España cualquier mérito, salvo el deportivo, despierta recelo y desdén, igual que cualquier idea de servicio público o de bien común provoca una mueca de cinismo. La derecha no admite más mérito que el del privilegio. La izquierda no sabe o no quiere distinguir el mérito del privilegio y cree que la ignorancia y la falta de exigencia son garantías de la igualdad, cuando lo único que hacen es agravar las desventajas de los pobres y asegurar que los privilegiados de nacimiento no sufren la competencia de quienes, por falta de medios, solo pueden desarrollar sus capacidades y ascender profesional y socialmente gracias a la palanca más igualitaria de todas, que es una buena educación pública.
Una cultura civil muy degradada ha fomentado en España el ejercicio del poder sin responsablidad
Nadie se ha beneficiado más del rechazo del mérito y de la falta de una administración basada en él que esa morralla innumerable que compone la parte más mediocre y parasitaria de la clase política, el esperpento infame de los grandes corruptos y el hormiguero de los arrimados, los colocados, los asesores, los asistentes, los chivatos, los expertos en nada, los titulares de cargos con denominaciones gaseosas, los emboscados en gabinetes superfluos o directamente imaginarios. Unos serán cómplices de la corrupción y otros no, pero todos contribuyen a la atmósfera que la hace posible y debilitan con su parasitismo el vigor de una administración cada vez más pobre en recursos materiales y legales y por lo tanto más incapaz de cumplir con sus obligaciones y de prevenir y atajar los abusos. Una cultura civil muy degradada ha fomentado durante demasiado tiempo en España el ejercicio del poder político sin responsabilidad y la reverencia ante el brillo sin mérito. Caudillos demagogos y corruptos han seguido gobernando con mayorías absolutas; gente zafia y gritona que cobra por exhibir sus miserias privadas disfruta del estrellato de la televisión; ladrones notorios se convierten en héroes o mártires con solo agitar una bandera.
Esta es una época muy propicia a la búsqueda de chivos expiatorios y soluciones inmediatas, espectaculares y tajantes —es decir, milagrosas—, pero lo muy arraigado y lo muy extendido solo puede arreglarse con una ardua determinación, con racionalidad y constancia, con las herramientas que menos se han usado hasta ahora en nuestra vida pública: un gran acuerdo político para despolitizar la administración y hacerla de verdad profesional y eficiente, garantizando el acceso a ella por criterios objetivos de mérito; y otro acuerdo más general y más difuso, pero igual de necesario, para alentar el mérito en vez de entorpecerlo, para apreciarlo y celebrarlo allá donde se produzca, en cualquiera de sus formas variadas, el mérito que sostiene la plenitud vital de quien lo posee y lo ejerce y al mismo tiempo mejora modestamente el mundo, el espacio público y común de la ciudadanía democrática.
Antonio Muñoz Molina es escritor.