Los funcionarios (de momento sólo los sanitarios) tendrán prohibido manifestarse en todo el país, y la primera comunidad que asume esta medida será Castilla-La Mancha. El gobierno de Mariano Rajoy se ampara en una ley del Estatuto Básico del Empleado Público para prohibir estas manifestaciones, cuyas primeras sanciones ya han llegado. El gobierno de María Dolores de Cospedal ha sido el primero en multar a funcionarios por manifestarse, además con multas económicas muy importantes.
De hecho, para prolongar esta ley al resto del país se ha utilizado Castilla-La Mancha como 'conejillo de indias'. El gobierno de Cospedal ha realizado el experimento para comprobar si surte efecto a la hora de frenar manifestaciones y de callar a determinados sectores reivindicativos. Concretamente se utilizó el caso de la 'marea blanca' de funcionarios sanitarios. El gobierno de la Junta, a través de los responsables del SESCAM, les amenazó con 15.000 euros de multa a cada uno de los participantes si se manifestaban con sus batas blancas o si colocaban algún anuncio o cartel en una zona prohibida.
La aprobación de esta ley se realiza en tres fases: en primer lugar se usa Castilla-La Mancha como campo de pruebas para comprobar si se reducen las manifestaciones. Una vez probado, desde el gobierno central se pide a las comunidades autónomas controladas por el PP que empiecen a realizar las mismas prácticas, mientras que desde Madrid se aprueba la ley que prohíba estas manifestaciones a nivel nacional. Una vez aprobada la ley, las comunidades que no controla el PP no tendrán más remedio que cumplir ese dictamen.
Estas medidas llegan a nueve meses de las elecciones municipales y autonómicas, pensando principalmente en ellas, y también a medio plazo de cara a las generales para las que quedan más de un año. Se unen a las medidas de "regeneración democrática" del gobierno y a los diversos copagos que se contemplan para las comunidades autónomas.
Concretamente en el caso de Castilla-La Mancha, la secretaría general del SESCAM aprobó una directriz el 30 de enero de este año por la que amenaza a los funcionarios que se manifiesten con multas de 15.000 euros e incluso pide a los funcionarios que delaten o se 'chiven' sobre compañeros funcionarios que lo hagan.
El gobierno nacional esgrime los artículos 52 y 54 de la Ley 7/2007 del 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se habla de su código de conducta, para aprobar esta ley, aunque no obstante desde el gobierno señalan que simplemente van a controlar su cumplimiento.
Artículos 52 y 54 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público
El artículo 52 señala: “Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres".
El artículo 54 son determinados puntos de buena conducta para los funcionarios, entre los que están: "Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes".
Dichos artículos tienen una interpretación bastante ambigua y en ningún momento se especifica nada del derecho a manifestarse para el funcionariado, de hecho como derecho de todos los trabajadores se podría decir que incluso se defiende en la frase "obedecerán las instrucciones y órdenes de sus superiores salvo que constituyan una infracción". Según esa frase un superior, de prohibir manifestarse a un empleado, debería poder ser investigado ya que negaría derechos fundamentales del trabajador.
